REVISTA ESCUELA JUDICIAL Nº 5 año 2024 -  Doctrina

Del desarrollo sustentable a una sustentabilidad integral

From sustainable development to integral sustainability

Guillermo H. Celaya[1] y María Eugenia González Cuidet[2]

Universidad del Salvador

Fecha de recepción: 1/8/2024

Fecha de aprobación: 23/10/2024

Resumen: Este artículo es el reflejo del trabajo realizado en el Programa de Investigación en Agua y Ambiente de la Universidad del Salvador, y se propone delimitar el concepto de sustentabilidad jurídico-hídrico-social en el marco de una comprensión amplia de la sustentabilidad como categoría central del debate académico y político contemporáneo. Se explora esta conceptualización en el contexto de la crisis socioambiental actual descrita por el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, confrontado las perspectivas transformadoras propuestas en dicho documento con los contenidos tradicionales del desarrollo sustentable formulados a partir del Informe Brundtland y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Palabras clave: Sustentabilidad – Integral – Jurídico – Hídrico – Social – Encíclica - ODS.

Abstract: This article reflects the work carried out in the Water and Environment Research Program at the University of Salvador and aims to define the concept of legal-hydro-social sustainability within a broad understanding of sustainability as a central category in contemporary academic and political debate. This conceptualization is explored in the context of the current socio-environmental crisis described by Pope Francis in the encyclical Laudato si’, confronting the transformative perspectives proposed in this document with the traditional contents of sustainable development formulated from the Brundtland Report and the United Nations Sustainable Development Goals (hereinafter SDGs).

Keywords: Sustainability – Integral – Legal – Hydro – Social – Encyclical – SDGs.

La importancia de entender la sustentabilidad desde un enfoque integral que garantice la efectiva protección del ambiente y los derechos humanos, alineándose con los principios del Buen Vivir (Rojas, 2011; Gudynas, 2014; Cabrales Salazar, 2015) y la encíclica Laudato si’ (Francisco, 2015), es un tema relevante en los tiempos que corren. A los efectos de su operacionalización, la integralidad presenta diferentes dimensiones y el contexto social emergente. La dimensión jurídica considera la existencia, aplicación y cumplimiento de normas ambientales y su alineación con estándares internacionales. La dimensión hídrica analiza la calidad, el acceso y la gestión sustentable del agua. La dimensión social evalúa la participación comunitaria, la equidad y la justicia social. La discusión revela la necesidad de una sustentabilidad integral que articule de manera efectiva estos tres ámbitos, destacando cómo un enfoque holístico puede contribuir a políticas públicas más inclusivas y resilientes.

Esta mirada busca trascender los paradigmas tradicionales del desarrollo, proponiendo un modelo más equitativo y sustentable que responda a los desafíos socioambientales contemporáneos. La propuesta se enmarca en la necesidad urgente de redefinir nuestras políticas y prácticas hacia una convivencia más armoniosa con la naturaleza y entre las comunidades humanas, contribuyendo al respeto y cuidado de nuestra casa común.

Desde la publicación del Informe Brundtland, en 1987, la sustentabilidad ha sido un tema central de debate en los informes gubernamentales, artículos académicos y discursos políticos, reflejando la creciente preocupación por el deterioro socioambiental.

En un contexto global caracterizado por la crisis climática, el agotamiento de recursos naturales –entendidos como bienes comunes– y la profundización de las desigualdades socioeconómicas, el concepto de desarrollo sustentable se ha convertido en un marco de referencia clave para el diseño de políticas públicas y estrategias de acción en diferentes niveles de gobernanza, capaces de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Sin embargo, los resultados en términos de equidad, justicia y sustentabilidad han sido dispares y en muchos casos insuficientes ante los desafíos presentes, lo que nos lleva a repensar enfoques más integrales y equitativos.

Este trabajo propone una revisión crítica del desarrollo sustentable, incorporando nuevas categorías analíticas que permitan un enfoque integral de la sustentabilidad desde las perspectivas jurídica, hídrica y social.

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, se hace evidente que los desafíos contemporáneos demandan un replanteamiento de los modelos tradicionales de desarrollo. Las crisis ambientales y sociales actuales, como la escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, evidencian las limitaciones de los enfoques basados únicamente en indicadores económicos. A modo de ejemplo, la crisis del agua es un reflejo de múltiples tensiones interrelacionadas, que abarca desde el acceso desigual a recursos hídricos hasta los conflictos derivados de su uso y gestión. La sustentabilidad hídrica emerge como un eje central para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada, capaz de asegurar la justicia hídrica, entendida como el acceso equitativo y el respeto de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, se torna imprescindible incorporar la dimensión jurídica al análisis de la sustentabilidad. Los marcos normativos existentes muchas veces no logran ni capturar la complejidad de las realidades sociales y ambientales ni garantizar de manera efectiva la protección de los derechos fundamentales. La interrelación entre derecho, agua y sociedad demanda una reflexión más profunda sobre cómo se regulan los bienes comunes, quiénes son los actores legitimados para intervenir en la toma de decisiones y cómo se distribuyen los beneficios y las cargas del desarrollo. Este trabajo aboga por un enfoque jurídico que integre consideraciones ambientales, sociales y de derechos humanos, reconociendo la importancia de una gobernanza inclusiva, participativa y justa.

En el mismo año en que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU, 2015), el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si’, un documento que se ha consolidado como una herramienta fundamental para repensar el desarrollo y la sustentabilidad desde una perspectiva abarcativa e integral (Orrego-Echeverría, 2015). Para quienes sostienen que los Objetivos se caracterizan por un enfoque tecnocrático y fragmentado, desde la encíclica Laudato si’ se propone una ecología integral que reconoce la interconexión entre los problemas sociales, económicos y ambientales, subrayando la necesidad de un cambio profundo en los modelos de desarrollo imperantes (Jensen, 2020; Vergara Amaya, 2019). Esta mirada supera las limitaciones de las estrategias convencionales, al llamar a una conversión ecológica que incluya la gestión sustentable de los bienes comunes y la justicia social, el cuidado de los más vulnerables y la preservación de nuestra casa común.

Nuestra fórmula se inscribe en los postulados desplegados en Laudato si’, al adoptar una mirada holística que englobe la ecología social y el reconocimiento de los derechos humanos como elementos centrales de la sustentabilidad (Serrano Rodríguez, 2020). Al centrar el análisis en la interrelación entre los aspectos jurídicos, hídricos y sociales, buscamos avanzar hacia una visión de la sustentabilidad que incluya la eficiencia económica y la protección ambiental y que también promueva la equidad, la solidaridad y el respeto por todas las formas de vida. De esta manera, nos alineamos con el llamado a un nuevo paradigma de desarrollo que responda a los desafíos actuales mediante una ética del cuidado, la justicia y la cooperación global. En resumen, este trabajo invita a repensar la sustentabilidad desde un enfoque más inclusivo y holístico, que amalgame de manera coherente la justicia social, la protección ambiental y la equidad en la distribución de los recursos.

Al cuestionar los supuestos subyacentes del desarrollo sustentable y proponer nuevas categorías analíticas, se busca contribuir a la construcción de un modelo de sustentabilidad más robusto, justo y adaptado a las necesidades del presente y del futuro. La urgencia de esta tarea se hace evidente en un mundo donde los límites planetarios son cada vez más estrechos y la justicia ambiental y social son componentes inseparables de cualquier proyecto de transformación.

Revisión de la literatura: el desarrollo sustentable y la crisis socioambiental

El Informe Brundtland, titulado “Nuestro futuro común”, definió el desarrollo sustentable como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987, p. 23, traducción propia). Desde entonces, esta definición ha servido como base para múltiples iniciativas globales, siendo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas uno de los marcos más destacados.

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman esta Agenda buscan equilibrar las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, proporcionando una hoja de ruta para abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental.

Sin embargo, a pesar del consenso generalizado sobre la importancia del desarrollo sustentable, su implementación y efectividad han sido objeto de numerosas críticas. Diversos estudios han señalado que los Objetivos, aunque bien intencionados, tienden a abordar los problemas de manera sectorial y fragmentada, limitando su capacidad para generar cambios sistémicos profundos (Fukuda-Parr y McNeill, 2019). Además, la falta de un enfoque integral que contemple las interconexiones entre las diversas crisis socioambientales ha llevado a un progreso desigual y, en muchos casos, insuficiente. Como sugieren Swain y Tait (2007), el cumplimiento de los Objetivos requiere de políticas y estrategias innovadoras y también de un replanteamiento de los fundamentos del desarrollo económico y social a nivel global.

La crisis socioambiental actual es mucho más compleja que la mera acumulación de problemas aislados como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación. Se trata de una crisis de carácter multidimensional, resultado de un modelo de desarrollo que históricamente ha priorizado el crecimiento económico a expensas del bienestar social y ambiental (Raworth, 2017). Este modelo de crecimiento, a menudo impulsado por la lógica del mercado y el consumo desenfrenado, ha contribuido a la degradación de los sistemas naturales y a la exacerbación de desigualdades sociales y económicas.

En este contexto, resulta crucial reconocer que la crisis ecológica y la social son inseparables, dos manifestaciones de un mismo problema.

Como afirman Martínez-Alier, Sejenovich y Baud (2015), el concepto de ecologismo de los pobres subraya cómo las comunidades más vulnerables son las más afectadas por la degradación ambiental y, al mismo tiempo, suelen ser las que tienen un menor impacto en el planeta. Estas poblaciones no solo enfrentan problemas como la contaminación del agua o la deforestación, sino que también lidian con la injusticia social y económica que perpetúa su vulnerabilidad. En este sentido, el desarrollo sustentable no puede concebirse sin una dimensión de justicia social que promueva la equidad en el acceso a los recursos y la toma de decisiones.

Para abordar la crisis socioambiental de manera efectiva es crucial adoptar un enfoque integral y holístico que supere las limitaciones del pensamiento fragmentado (González Saborido, 2023). Es aquí donde la encíclica Laudato si’ ofrece una perspectiva superadora, al proponer una ecología integral (Salvadores de Arzuaga y Jensen, 2015; Peris Cancio, 2016) que entrelaza las dimensiones social, económica, cultural y ambiental en una sola visión coherente de la sustentabilidad. Este enfoque reconoce que todo está conectado y que las soluciones a los problemas ambientales requieren, inevitablemente, un replanteamiento de los modelos de producción, consumo y organización social (Francisco, 2015).

La literatura contemporánea también ha comenzado a explorar enfoques transdisciplinarios que, inspirados en parte por propuestas como la encíclica Laudato si’, buscan integrar conocimientos y prácticas de diversas disciplinas para abordar de manera más completa los desafíos del desarrollo sustentable. Ejemplos de ello incluyen los estudios sobre justicia climática que destacan la necesidad de una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás (Robinson y Shine, 2018) y la teoría llamada economía del dónut, acuñada por la economista inglesa Kate Raworth (2017), que propone un modelo económico que respete los límites planetarios y promueva la justicia social.

La revisión de la literatura evidencia que para enfrentar la crisis socioambiental actual no es suficiente ajustar las políticas públicas o desarrollar nuevas tecnologías. Es necesario un cambio profundo en los valores y en la ética que guía a nuestras sociedades. Tal como plantea Laudato si’, la sustentabilidad auténtica debe fundamentarse en una ética del cuidado, que reconozca la interdependencia de todos los seres vivos y promueva el respeto por la casa común en la que habitamos (Portela, 2017). Este enfoque resuena con las propuestas de justicia ecológica y social que emergen de diversos movimientos sociales, académicos y religiosos a nivel global.

Es imperioso adoptar enfoques más integrales y transformadores que combinen la justicia social con la preservación ambiental. Inspirados en los principios de la ecología integral de la encíclica, proponemos un marco que reconozca las interdependencias entre los sistemas sociales, jurídicos y ecológicos y promueva una transición hacia un desarrollo verdaderamente sustentable y justo.

Marco teórico: hacia la sustentabilidad jurídico-hídrico-social

El concepto de sustentabilidad ha evolucionado notablemente desde su formulación inicial, donde se lo definía en términos generales como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones.

En las últimas décadas, el concepto ha sido ampliado y matizado por diversos enfoques teóricos que buscan integrar las dimensiones ambiental, económica y social en un marco holístico de desarrollo sustentable. En este contexto, la sustentabilidad jurídico-hídrico-social emerge como un enfoque que vincula de manera inherente a los sistemas normativos la gestión del agua y la justicia social, con el objetivo de lograr un equilibrio dinámico y equitativo entre estos elementos fundamentales para la vida y el desarrollo humano.

La dimensión jurídica de la sustentabilidad

El marco jurídico es esencial para la promoción de un desarrollo sustentable que sea justo, equitativo y respetuoso del ambiente. La sustentabilidad jurídica se refiere a la creación y aplicación de normas que promuevan la equidad social, la conservación del ambiente y la gestión sustentable de los recursos naturales entendidos como bienes comunes. Desde una perspectiva jurídica, la sustentabilidad implica el reconocimiento del derecho al agua y a un ambiente sano, como también la obligación de los Estados y las comunidades internacionales de adoptar medidas proactivas para proteger estos derechos (Recabarren Santibáñez, 2016). Además, se refiere a la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia ambiental (Torres, 2021), incluyendo la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, tal como se contempla en el Acuerdo de Escazú de 2018 para América Latina y el Caribe.

La sustentabilidad jurídica no puede limitarse a una perspectiva meramente normativa; requiere un enfoque transformador que vincule la ley con la justicia ambiental y social. Como señalan Knox y Pejan (2018), los marcos legales deben ser dinámicos y adaptativos, capaces de responder a los desafíos emergentes que plantea la crisis socioambiental global. La noción de justicia ambiental se torna crucial en este contexto, ya que busca abordar la distribución desigual de los riesgos y beneficios ambientales, cuestionando las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones que perpetúan tales desigualdades. La sustentabilidad jurídica, por tanto, requiere un enfoque basado en derechos que garantice la equidad y la justicia para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.

El agua como eje central de la sustentabilidad

El agua, como recurso fundamental para la vida, se encuentra en el corazón de la crisis socioambiental actual. Según la ONU, más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de agua potable, y las proyecciones indican que esta cifra aumentará en el contexto de cambio climático y crecimiento demográfico. En este escenario, la sustentabilidad hídrica se refiere a la gestión eficiente y equitativa del recurso hídrico y también a la necesidad de una gobernanza integrada del agua que considere los aspectos sociales, económicos y ambientales de manera simultánea. Este enfoque requiere reconocer el agua como un recurso económico, también como un bien común y un derecho humano fundamental.

La noción de sustentabilidad hídrica se amplía cuando consideramos la necesidad de justicia hídrica. Esta perspectiva implica un reconocimiento de las desigualdades históricas en el acceso al agua y la distribución de los recursos hídricos, las cuales a menudo reflejan dinámicas de poder desiguales, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Como argumentan Boelens, Hoogesteger y Roth (2015), los problemas por el agua son conflictos sobre recursos y sobre significados, valores y derechos. En este sentido, la justicia hídrica requiere una revalorización de los conocimientos tradicionales y las prácticas comunitarias de gestión del agua, que a menudo han sido marginalizadas por políticas y sistemas de gobernanza dominantes.

La dimensión social de la sustentabilidad

La sustentabilidad social se refiere a la capacidad de una sociedad para mantener el bienestar social, la equidad y la justicia a lo largo del tiempo. En el contexto de la sustentabilidad hídrica y jurídica, la dimensión social implica reconocer que los desafíos ambientales y de gestión del agua están intrínsecamente ligados a cuestiones de equidad, derechos y justicia social. Este enfoque demanda una mayor inclusión de las voces de las comunidades marginadas y afectadas en los procesos de toma de decisiones. Implica también un replanteamiento de las relaciones de poder que subyacen a la gestión de los bienes comunes y repensar las estructuras económicas y políticas que perpetúan la desigualdad y la injusticia, adoptando enfoques que prioricen el bienestar humano y la equidad social en armonía con los límites ecológicos del planeta.

La sustentabilidad social también tiene una dimensión ética profunda, que requiere del cuidado de las personas y el ambiente, como se plantea en la encíclica del papa Francisco. Esta ética del cuidado sugiere un enfoque que va más allá de la mera gestión de recursos o la aplicación de políticas. Propone una transformación de los valores fundamentales que guían las relaciones entre las personas, las comunidades y la naturaleza. En este sentido, la sustentabilidad social se convierte en eje central para promover una ecología integral, que contemple la interconexión de los sistemas naturales y sociales y busque el bienestar de todos los seres vivos.

La dimensión social de la sustentabilidad ha sido criticada por algunos autores. “La sociedad injusta es poco probable que sea sustentable en términos ambientales o económicos a largo plazo” (Haughton, 1999, p. 1). Ello obliga a replantearnos cómo avanzar en tal sentido e incorporarla a la mirada integral propuesta en este trabajo.

Hacia un enfoque integral: la sustentabilidad jurídico-hídrico-social

La necesidad de un enfoque integral que vincule la sustentabilidad jurídico-hídrico-social se vuelve evidente cuando consideramos los desafíos multifacéticos y multidimensionales que enfrenta la humanidad en la actualidad. Estos desafíos no pueden ser abordados de manera aislada; requieren una integración de enfoques y la creación de sinergias entre los diferentes campos del conocimiento y la práctica. La sustentabilidad jurídico-hídrico-social es, por tanto, un paradigma que busca romper con la fragmentación de las soluciones parciales, proponiendo un marco holístico y transformador que considere la complejidad de las interacciones entre los sistemas naturales, sociales y normativos.

Históricamente, los enfoques de sustentabilidad se han centrado en dimensiones específicas –como la protección ambiental o el desarrollo económico– sin prestar suficiente atención a sus interrelaciones. Esto ha llevado a la implementación de políticas y prácticas que, aunque bien intencionadas, no logran generar un cambio sustentable a largo plazo. Por ejemplo, políticas ambientales centradas únicamente en la protección de la biodiversidad pueden ignorar las necesidades sociales y económicas de las comunidades locales, generando conflictos y dificultando la implementación efectiva de dichas políticas.

En contraste, una sustentabilidad integral busca superar esta fragmentación, promoviendo políticas y estrategias que tengan en cuenta las múltiples dimensiones de la sustentabilidad de manera coordinada. La idea es integrar los marcos normativos, la gestión hídrica y las políticas sociales para fomentar una sustentabilidad integral.

Este marco teórico también destaca la importancia de la transdisciplinariedad en la búsqueda de soluciones sustentables. Como lo sugiere el informe del Grupo Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC, 2022), abordar los desafíos ambientales y sociales actuales requiere un enfoque integrado que combine conocimientos científicos, técnicos y tradicionales, así como la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Implica una colaboración interdisciplinaria y un compromiso con la cocreación de conocimiento que sea inclusivo y participativo, que tenga en cuenta las realidades locales y las diversidades culturales.

El marco teórico de la sustentabilidad jurídico-hídrico-social ofrece una visión amplia y coherente para enfrentar los complejos desafíos de la crisis socioambiental actual, al reconocer la interdependencia entre las dimensiones jurídica, hídrica y social. Promueve un desarrollo sustentable que busca la conservación de los bienes comunes y la promoción de la justicia social, la equidad y el respeto por los derechos humanos. Inspirados en la ecología integral propuesta por Laudato si’, abogamos por un paradigma de sustentabilidad que sea inclusivo, equitativo y éticamente fundamentado, capaz de generar un futuro más justo y sustentable para todos.

La integración de las dimensiones jurídica, hídrica y social es fundamental para promover una sustentabilidad integral. Estas dimensiones no pueden ser consideradas de manera aislada; cada una afecta e influye a las demás. Por ejemplo, una legislación ambiental sólida –dimensión jurídica– es esencial para una gestión sustentable del agua –dimensión hídrica–, y ambas tienen implicaciones directas para la justicia social y el bienestar de las comunidades –dimensión social–.

El enfoque integral propuesto permite una gobernanza holística y coherente de la sustentabilidad, donde las políticas y las acciones sean consistentes entre sí y refuercen mutuamente sus objetivos. En un contexto global donde los desafíos ambientales y sociales son cada vez más complejos y apremiantes, es crucial adoptar enfoques de sustentabilidad que sean verdaderamente integrales. La sustentabilidad integral no es solo una opción deseable, sino una necesidad urgente.

Conclusiones

En el actual contexto de crisis socioambiental global, avanzar hacia un modelo de sustentabilidad integral es una necesidad urgente. Este trabajo propone un enfoque innovador que integra las dimensiones jurídica, hídrica y social a fin de abordar de manera holística los desafíos contemporáneos. Las conclusiones subrayan la importancia de integrar estas dimensiones, destacando cómo un enfoque multidimensional permite una mejor evaluación y gestión de la sustentabilidad.

Consideramos que uno de los aportes más significativos de este trabajo es la revalorización de la dimensión jurídica como un pilar fundamental de la sustentabilidad integral. Las normas y marcos legales no solo establecen las reglas del juego para la gestión de los bienes comunes y la protección del ambiente, sino que también son herramientas esenciales para garantizar la equidad y la justicia social. Sin embargo, la existencia de normas no es suficiente; es fundamental que estas sean claras, efectivas, accesibles y que cuenten con mecanismos adecuados de implementación y control.

La gestión del agua emerge como una de las áreas críticas en la discusión sobre sustentabilidad. El agua es no solo un bien esencial para la vida, sino también un derecho humano fundamental, y su gestión adecuada es indispensable para cualquier estrategia de desarrollo sustentable. La inclusión de la dimensión hídrica en el análisis de sustentabilidad integral es, por tanto, un avance significativo.

La dimensión social de la sustentabilidad integral es igualmente crucial, pues aborda directamente la relación entre la justicia social y la protección del ambiente. No puede haber un desarrollo verdaderamente sustentable sin justicia social, y viceversa.

En este sentido, este trabajo hace un llamado a considerar la justicia ambiental como un componente central de cualquier estrategia de sustentabilidad. Las comunidades marginadas y vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental y, al mismo tiempo, son las que menos contribuyen a ella. Por lo tanto, es fundamental que las políticas de sustentabilidad sean inclusivas y promuevan la justicia social.

Es imperioso avanzar hacia una gobernanza integral de la sustentabilidad. Las dimensiones jurídica, hídrica y social no deben ser vistas de manera aislada, sino como partes interdependientes de un todo que requiere coordinación y coherencia. El enfoque de sustentabilidad integral propuesto en este trabajo ofrece una visión más completa y coherente de los desafíos y oportunidades del desarrollo sustentable.

La interconexión entre las dimensiones es esencial para garantizar que las políticas y prácticas de sustentabilidad sean efectivas. Por ejemplo, una buena gestión hídrica requiere no solo de marcos normativos adecuados, sino también de la participación comunitaria y de políticas sociales que promuevan la equidad. Este enfoque interrelacionado es consistente con la visión de una ecología integral tal como se expone en la encíclica Laudato si’, que subraya la necesidad de integrar la dimensión humana con la ambiental en la búsqueda de un mundo más justo y sustentable.

En conclusión, este trabajo subraya la necesidad urgente de adoptar enfoques de sustentabilidad que sean verdaderamente integrales y multidimensionales. La crisis socioambiental actual exige un cambio de paradigma que supere los enfoques fragmentados y que promueva una visión holística e inclusiva.

La sustentabilidad integral no es solo una opción deseable, sino una necesidad imperativa para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más justo y equitativo. Las propuestas metodológicas presentadas en este trabajo son un primer paso hacia la operacionalización de esta visión.

Finalmente, es fundamental que todos los actores sociales –gobiernos, comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil– se comprometan con esta visión integral de sustentabilidad. Solo a través de la cooperación, el diálogo y la acción concertada será posible avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete los límites del planeta, que promueva la justicia y la equidad y que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Referencias

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[1] Abogado. Magister en Gestión del agua (Universidad de Buenos Aires) y en Métodos y técnica de investigación social (CLACSO). Doctorando en Ciencias jurídicas (Universidad del Salvador). Titular de Metodología de la investigación y Derechos Humanos: Protección internación (USAL). Director del Programa de investigación Agua y Ambiente (USAL). Correo electrónico: guillermo.celaya@usal.edu.ar. Identificador ORCID: https://orcid.org/0009-0008-1595-1518.

[2] Abogada. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad del Salvador). Doctoranda en Estudios Globales (USAL - Universidad Humboldt, Berlín). Docente en Sociología y Criminología (USAL). Investigadora sobre agua, alimentos y desarrollo urbano sostenible (USAL). Secretaria federal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, CABA. Correo electrónico: meugenia.gonzalez@usal.edu.ar. Identificador ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4504-7748.